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Sentencia a personas involucradas con la delincuencia organizada

 

6 de julio de 2009. Al acreditar la responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) obtuvo del Poder Judicial de la Federación sentencia condenatoria para 12 personas.


 

El Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, estado de México, valoró los elementos jurídicos aportados por el agente del Ministerio Público de la Federación de SIEDO y dictó sentencia definitiva en contra de Javier Ruelas Ortiz (a) “El Rambo”, Jorge Alberto Acosta Valdez y Alex Noel Castillo González, colaboradores de la organización de los hermanos Arellano Félix.

Dentro de la causa penal 28/2007, el fiscal de SIEDO acreditó la responsabilidad penal de Ruelas Ortiz en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo que le fue impuesta una sentencia de 52 años, diez meses de prisión y tres mil 624 días de multa. Asimismo, a Acosta Valdez y a Castillo González se les impuso la pena de 29 años, seis meses de prisión y dos mil 587 días de multa a cada uno, por ser penalmente responsables de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En otra determinación, el Juez Décimo Primero de Distrito en Baja California dictó sentencia condenatoria contra Alfonso Villalobos Martínez por la comisión del delito de delincuencia organizada, imponiéndole una pena de cuatro años, tres días de prisión y 251 días multa. El hoy sentenciado se desempeñaba como policía municipal de Ensenada y colaboraba con la organización criminal de los Arellano Félix, dedicada a transportar drogas y secuestrar a personas, apoyados con miembros de la policía municipal de Ensenada, así como de la policía ministerial del mismo lugar.

Por otra parte, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia condenatoria en contra de siete secuestradores que operaban en el Distrito Federal, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Los sentenciados y sus penas son:

 Israel Herrera Huerta (a) “El Pechugas”, 167 años de prisión y 24 mil 750 días multa.

 Raúl Anaya Navarrete (a) “El Barbas” y/o “El Osama Bin Laden”, 131 años de prisión y 15 mil 375 días multa

 José Hernández Barajas (a) “El Stiler”, 126 años de prisión y 18 mil 375 días multa

 Vicente Raúl Ávila Mendoza (a) “El Equis Tres” o “el Azteca Tres”, 96 años de prisión y 15 mil 375 días multa

 Juan Miguel Hernández Molina o Juan Miguel Hernández Molinar (a) “El Botas” y Félix Manuel Hernando Trejo (a) “El Gato”, 66 años de prisión y 12 mil 375 días multa cada uno

 Héctor Manuel Salinas Villalobos, 30 años de prisión y tres mil días multa.

Los sentenciados fueron detenidos en un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa, el 11 de diciembre de 2004, durante una acción en la que se logró el rescate de una persona que se encontraba privada de la libertad.

Finalmente, al considerar acreditada la responsabilidad penal de Jorge Hernández Hurtado en la comisión del delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el Juez Segundo de Distrito en el estado de Querétaro dictó sentencia condenatoria, imponiéndole la pena de dos años de prisión y 25 días multa, sustituible en caso de insolvencia acreditada por 25 jornadas de trabajo o remuneradas en favor de la comunidad.

Con estas sentencias, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho para castigar cualquier manifestación de la delincuencia organizada.




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