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Casi 200 detenidos, pero con historias similares

 

27 de octubre de 2009. La historia de casi 200 policías municipales de Baja California e Hidalgo, detenidos por presuntos nexos con el narcotráfico —36 en la primera entidad; el resto, en la segunda—, parece no ser diferente una de otra.


 

La acusación contra los policías de Tijuana, señalados de presuntos nexos con el cártel de los Arellano Félix, lo mismo que la que enfrentan los policías de Pachuca y otros municipios hidalguenses, por dar supuesta protección a Los Zetas, tienen como sostén esencial las declaraciones de testigos protegidos, ahora también llamados “colaboradores”, de la PGR.

Identificados con los nombres claves de Guadalupe, Angélica, Eduardo, Fernando, José Antonio, Caleb, Rufino y Pitufo, los testigos que participan en las acusaciones contra los policías de ambas entidades fueron operadores y hasta sicarios de las dos organizaciones criminales citadas, antes de pertenecer al programa de testigos protegidos. Incluso, algunos de ellos sirven lo mismo para este caso que para otros abiertos contra estos grupos delictivos en diferentes estados.

Por lo que hace al proceso abierto contra los 36 policías de Tijuana, los testigos Guadalupe, Angélica, Eduardo y Fernando aseguran, en lo esencial, que dos oficiales de la policía municipal —Javier Enrique Cárdenas Salgado y Gilberto Fimbres Fimbres— coordinaban las relaciones entre el cártel y la policía local.

Sin embargo, los jefes de la organización criminal ya detenidos, entre ellos Benjamín Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix, Gustavo Rivera Martínez, alias el P1; Víctor Magno Escobar Luna, El Pareja; Mario Alberto Rivera López, El Cris; César Niebla Lerma, El Cotorro; Marco Antonio Quiñones Sánchez, El Pato; Édgar Adrián Gutiérrez Elenes, El Cachorro, e Ismael Higuera Ávila, El Mayelito, rompieron con la versión de los colaboradores, al señalar que ninguno de ellos conoció a los dos ex oficiales municipales.

No obstante, de acuerdo con el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Segundo de Distrito de Nayarit contra los 36 policías, de las pruebas incriminatorias —constituidas por los testimonios de los testigos colaboradores— se desprende la participación de cada uno de los inculpados dentro del cártel de Tijuana, donde cumplían instrucciones para la transportación, extracción y distribución de droga.

Según el fallo de María Lucelia López, juez segundo de Distrito en Nayarit, otra de sus funciones era la de proteger la acción del grupo criminal en secuestros, levantones y ejecuciones de miembros de organizaciones enemigas del grupo.

Desde el Centro Federal de Readaptación Social número cuatro Noroeste, El Rincón, en Tepic, Nayarit, los policías denuncian que los testigos protegidos mintieron por salvarse de prisión. Además, señalan que ahora se les obstaculiza su defensa: sólo se permite a sus abogados vistarlos 25 minutos, pero sin documentos del proceso; la tramitación de los procesos penales es lenta; se les niega la admisión de pruebas, y las diligencias de desahogo se difieren con frecuencia.

En el interior del penal, dicen, el trato para ellos ha sido denigrante.

Elementos de Hidalgo

El caso de los policías de Hidalgo no es diferente. Acusados de presuntos nexos con Los Zetas —brazo armado del cártel del Golfo—, las principales acusaciones contra ellos provienen de cuatro testigos con identidad reservada, cuyas claves son: José Antonio, Caleb, Rufino y Pitufo, quienes aseguran que el grupo criminal tenía comprados a policías de todos los municipios.

Sus declaraciones sirvieron a un juez para acreditar que Los Zetas mantienen desde 2001 operaciones en Hidalgo, mediante el reclutamiento de policías municipales, estatales y federales.

Desde el Centro Federal de Readaptación Social número cinco Oriente, con sede en Cerro de León, Villa Aldama, Veracruz, los policías también denunciaron violaciones a sus derechos humanos: se les impide bañarse por semanas y no se les dota de alimentos. Se les mantiene esposados durante las visitas, se veja a sus familiares y a ellos se les mantiene amenazados si denuncian los atropellos, aseguran.

El Universal



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