8 de marzo de 2010.
Desafortunadamente la rendición de cuentas es uno de los grandes pendientes en México, sin distingos de alguna especie.
Primero, en Cuajimalpa, una de las delegaciones del Distrito Federal, se destapa la cloaca con el tráfico de influencias para favorecer la concesión de obras y, por el otro, el gobernador de Sonora y el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social se desligan de responsabilidad en la tragedia de la guardería.
Hace unas semanas, en charla con el ex gobernador poblano y ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, coincidíamos en el tema.
En tanto las responsabilidades se evadan desde el sector público el mensaje que se envía a la ciudadanía es de desesperanza e incertidumbre.
¿Cómo confiar en el sistema político mexicano si sus principales exponentes, secretarios de Estado, gobernadores y jefes delegacionales -en el caso- se manejan con impunidad?
Es cierto: la Suprema Corte de Justicia estableció autoridades responsables por la tragedia ocurrida en Sonora, pero en ningún momento señaló culpables directos.
Es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la responsabilidad como persona moral por lo ocurrido; igual ocurre con el Gobierno del Estado de Sonora por la serie de irregularidades en el procedimiento de rescate, especialmente la dilación y la ausencia de verificación de condiciones de seguridad.
Debe ser en dicho caso la autoridad investigadora quien determine la responsabilidad individual para fincar cargos penales, así como las sanciones administrativas para quienes obviaron el procedimiento.
Señalar directamente al titular del IMSS, Molinar Horcasitas, o al gobernador Bours, efectivamente es superficial, sin embargo ambos han sido omisos en tener celeridad para resolver las responsabilidades individuales. Podrán tener responsabilidad moral y política, tal vez administrativa, pero difícilmente penal.
El caso en Cuajimalpa sí habla de una colusión de diversos funcionarios públicos para cobrar comisión en la resolución de licitaciones.
Las pingües ganancias oscilaban entre el millón y los 2.5 millones de pesos.
Deberá el actual jefe delegacional aportar todos los elementos y la procuraduría fincar cargos.
Ojalá no estemos en uno y otro caso en la impunidad, como parece indicar ante deficientes y sospechosas indagatorias.
El autor es presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C.
Roberto Piñón Olivas.
